Por Manola Álvarez
Ya apareció el peine, nos cayó el veinte. Nos preguntábamos el por qué un abogado en lugar de un periodista o un comunicador con sensibilidad social. Cuál sería la razón por la que en vez de acercarse a los medios locales, a los que se desconoce por venir de otro estado, leer sus escritos, tomarse un café, hacer amistades, ya que una atención gana más que una amenaza, se eligió el enfrentamiento tanto en las redes sociales como en las conferencias de prensa a donde no había sido invitado.
La publicación en el Diario oficial del decreto por el cual se le otorgan facultades a la Dirección General de Comunicación Social del Ejecutivo, para iniciar las demandas en contra de los periodistas que incurran en daño moral, al gobierno del estado o a cualquiera de los funcionarios, nos ha resuelto el enigma.
Se necesitaba un profesional del derecho para actuar en los tribunales. Pero éste no la tiene fácil. Para fundamentar que se ha infringido un daño moral a una persona, es necesario primero demostrar que el “afectado” goza de prestigio social; quien carece de éste no puede alegar que se le ha lesionado. Y después comprobar que lo publicado fue lo que le causó el daño y qué consecuencias tuvo a fin de poder cuantificarlas para obligar al comunicador a pagar la indemnización.
Vaya un ejemplo:
Para saber cuál es el prestigio del gobierno del estado, se tendría que realizar una encuesta con la intención de ver cómo está calificado. Vamos a suponer que sea 8 sobre 10 y que después de leer mi artículo en el cual señalo los errores que ha cometido esta administración, tendría que volver a hacer otra encuesta para poder comprobar cuánto bajó aquella calificación y además demostrar que esta caída de imagen se debió a mi comentario. Una vez recorrido el laberinto, cuantificar la lesión que le causé y después fijarme la cantidad que, según el juez, repare el daño.
Esto mismo sucedería en el caso de un funcionario, quien tendría que fundamentar su prestigio, lo cual en muchos casos es poco menos que imposible. Una vez cumplido este trámite demostrar que el comentario del periodista lo lesionó y le quitó oportunidades de trabajo, o de negocios, ¡háganme usted favor!
En el caso de que se diga que el gobierno de Rafael Moreno Valle, está haciendo a un lado a los poblanos y contrata funcionarios de fuera y además desarraigados como el de SOAPAP, el de Comunicación Social, el de Educación, el Secretario General de Gobierno, el de Finanzas, el de Desarrollo Social, el del Consejo Estatal de Cultura y el de SICOM, pregunto: ¿quién comete la lesión a su prestigio, el que realiza la acción que molesta a los ciudadanos, o el periodista que lo comenta?
O si se señala que la presente administración ha despedido a miles de poblanos, causándoles además de daño moral, severos daños económicos, quién es el responsable, ¿el Ejecutivo estatal, que dio la orden, o el comunicador que lo comenta?
Lo único preocupante es que la determinación estará en manos de un juez, instancia en la cual, con el riesgo de que me demanden por daño moral, debo señalar que la mayoría se encuentran al servicio del poder Ejecutivo. De ahí que se pueda asegurar que todos los casos llegarían a ser valorados y resueltos por la justicia federal. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido una resolución sobre la vida privada de los funcionarios públicos. Cuando sus actuaciones privadas tienen repercusión en la vida pública, dijo, no están en reserva.
Esta actitud (Comunicación Social encargada de presentar demandas en lugar de apoyar el trabajo de los periodistas) resulta de completa represión y atenta contra la libertad de expresión establecida en la Constitución General de la República. Y si a ello le agregamos el anuncio de que el gobierno morenovallista creará un centro de Análisis Prospectivo, para concentrar la información obtenida de labores de inteligencia realizadas por la Secretaria General de Gobierno, Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia, más la intervención de los teléfonos (que por cierto se hace tan mal que en algunos casos los dejan descompuestos), nos ponen ante la percepción de que podríamos tener un gobierno represor y totalitario, como diría López Obrador, encabezado por un aprendiz de dictadorzuelo.
Ante esto los periodistas deberán tomar medidas preventivas: usar apodos, sobrenombres o nombres con los apellidos invertidos al referirse a los funcionarios; escribir con seudónimos como hicieron Carmen Serdán (Marcos Serrato) y Luis Cabrera (Blas Urrea); formar un fondo de contingencia para tener recursos con qué pagar los honorarios a los abogados que los defiendan hasta llegar a la Suprema Corte; llevar los casos a las instancias nacionales, la Comisión de Derechos Humanos en donde Piñita se encargaba de defender periodistas y que seguramente nos recomendará, al menos con su mami, y a instancias internacionales siguiendo los pasos de Lydia Cacho.
Si ya el gobernador amenazó a quien se oponga a sus designios diciéndole que se enfrentará con él, los periodistas de los medios escritos de Puebla, debemos prepararse para una batalla tan espectacular como la del 5 de mayo, cuya celebración es, según dice Moreno Valle, prioridad sobre las elecciones del 2012.
